Roberto García Moritán vuelve a ser noticia, pero esta vez no por cuestiones políticas o mediáticas relacionadas con su exesposa, Pampita, sino por un detalle que ha salido a la luz en las últimas horas. El vehículo que utiliza el exlegislador acumula una deuda que supera los 1,7 millones de pesos, según el portal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
De acuerdo con la información extraída del sistema de AGIP, el auto en cuestión, una Toyota SW4, registra una deuda total de $1.719.172,22. De esa cifra, $1.206.452,52 corresponden a montos vencidos, mientras que $573.064,94 están próximos a vencer.
Este dato no pasó desapercibido en las redes sociales y medios de comunicación, que rápidamente pusieron el foco en la situación financiera del exfuncionario. Algunos se preguntan si este detrás de los pagos refleja un simple descuido administrativo o si, en cambio, es indicativo de una cuestión más profunda.
El vehículo de García Moritán ya había sido objeto de atención mediática hace algunos meses, cuando se oficializó su separación de Pampita. En aquel entonces, se lo vio abandonar la casa familiar por última vez a bordo de la misma camioneta. Las imágenes generaron un gran revuelo, y ahora, con el descubrimiento de esta deuda millonaria, la Toyota SW4 vuelve a estar en el centro de la escena.
En el ámbito político y social, la imagen lo es todo. Que un exfuncionario público figura con una deuda de esta magnitud podría tener implicancias en su reputación. Algunos sectores ya comienzan a cuestionar cómo una persona que adquirió un cargo público puede acumular semejante monto en multas y tributos impagos.
A pesar de que aún no se han hecho declaraciones oficiales por parte de García Moritán, su entorno asegura que el monto podría deberse a una acumulación de infracciones y vencimientos no actualizados en el sistema. Sin embargo, esta explicación no disipa las críticas que empiezan a surgir.
Según las normativas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, los propietarios de vehículos están obligados a mantener al día sus obligaciones tributarias y multas asociadas. Las deudas pueden derivar en restricciones administrativas, que van desde la imposibilidad de transferir el dominio del auto hasta sanciones económicas más severas.
Más allá de las cifras y los detalles del vehículo, este episodio pone sobre la mesa un debate sobre la responsabilidad fiscal de quienes han ocupado o ocupan cargos públicos. Mientras algunos lo ven como una cuestión menor, otros consideran que la exposición de este tipo de casos contribuye a exigir mayor transparencia y responsabilidad en la vida privada de los funcionarios.
Por ahora, el silencio de García Moritán y la falta de aclaraciones oficiales alimentan las especulaciones. Habrá que esperar para saber si este incidente quedará como una anécdota más en el ámbito mediático o si tendrá consecuencias mayores en su vida pública y personal.
